Fernando Ureña Rib
Hace apenas unos días leí con tristeza y horror
la declaración presidencial que establecía que de diez dominicanos
ocho eran personas corruptas. Ignoro en qué estudios sociológicos, en
qué estadísticas o reportes policiales se basaría tan devastadora
declaración del primer mandatario, Ing. Agrónomo Hipólito Mejía. Pero
me gustaría conocerlos, porque ese juicio implica que el ochenta por
ciento de nosotros está envuelto en la delincuencia. Eso es grave.
Nuestro propio presidente nos acusa, a la mayoría de los dominicanos,
de dedicarnos a los actos dolosos y a los deslices morales propios de
la falta de honradez.
Esa declaración oficial no fue un chiste ni un desliz. No podemos
tomarla ligeramente, y como broma no me parece nada graciosa. Dado el
principio de que quien calla otorga, aceptarla en silencio implicaría
admitir que un gran porcentaje de la población dominicana está
incriminada y por tanto, de hecho debería, estar en la cárcel. Eso
dejaría en libertad a sólo un veinte por ciento de la población. Sólo
dos entre diez, serían ciudadanos honestos, confiables y apegados con
rigor a la ley entre quienes confiamos, por supuesto, se encuentre el
presidente mismo.
Es paradójico que esa declaración fuera hecha ante la prensa, poco
después de ciertas preguntas impertinentes sobre el sonado caso de
corrupción que afecta a oficiales muy allegados a su persona, y sólo
un par de días antes de uno de esos viajes presidenciales que se arman
con la intención expresa de promover la bondad y la seguridad que
ofrece nuestra tierra a la inversión extranjera.
Es paradójico, porque si el primer mandatario califica de corrupto al
ochenta por ciento de sus gobernados, y desconfía de ellos, mal podría
convencer a los inversionistas foráneos para que entreguen aquí
alegremente su dinero.
También me causa horror que esa declaración apenas haya sido comentada
en la prensa por nuestros políticos o por nuestros sesudos analistas
económicos y sociológicos. Quien hizo la declaración no fue un
predicador, ni un taxista, ni un anarquista. Señores, fue el
presidente. Y me causa tristeza porque en labios presidenciales una
declaración tal no estimula a los conciudadanos a elevar sus metas y a
establecer cada vez más altos valores éticos, ni intereses y objetivos
comunes. Los desmoraliza.
La frase es de un escarnio mayúsculo. Y es una afrenta para todos los
dominicanos honestos. Contrario a la declaración presidencial, yo creo
que somos muchos aquí los que nos esforzamos cada día en ganarnos el
pan honestamente. Creo que somos mucho más numerosos quienes no
aceptamos ni ofrecemos dádivas, quienes ni traficamos con drogas, ni
lavamos dinero, ni evadimos impuestos.
Perdona mi ingenuidad o mi ignorancia, pero creo que los que se
dedican a la corrupción son una minoría. Son unos cuantos avezados que
hacen sus fechorías, se esconden tras una fachada de honestidad y
cuando son descubiertos tratan de embarrar a todo el mundo. Pero es
así. Como dice el adagio, cada quien juzga por su condición.
El caso es que la infortunada frase no consigue sino deshilachar aún
más la precaria fibra moral de la gente común, del hombre de la calle
que no tiene ni el más remoto acceso a las jugosas arcas del peculado.
La frase coadyuva a aceptar como un hecho establecido que "somos así y
así somos". Que nada podemos hacer para cambiar el curso de las cosas
o para frenar la avalancha de podredumbre moral que se nos echa
encima.
Y es triste, porque esa frase contribuye a aumentar la desconfianza. Y
la desconfianza recíproca entre gobernantes y gobernados es el
principal enemigo del desarrollo económico. Porque el ciclo de la
corrupción es terriblemente falaz, pernicioso e interminable.
¿Qué garantías y qué seguridad ofrecen los gobernantes al
contribuyente para que este pague honestamente sus impuestos y no se
convierta en evasor y por tanto en delincuente? ¿Qué garantías y
seguridad tiene el gobierno de que los contribuyentes y las compañías
pagarán al fisco los impuestos establecidos por la ley? ¿Qué garantías
tiene la sociedad de que no será defraudada por sus gobernantes en el
uso que hará de esos fondos? ¿Cómo se garantiza que la ley misma esté
libre de la manipulación y del oprobio y que no sirva para encubrir
actos dolosos y amañados? Este es el eterno dilema de nuestros países.
Perdona, me siento muy molesto. Aún así entiendo y acepto que lo que
en realidad el presidente ha querido decir es que el país atraviesa
por una grave crisis moral. (A nuestro presidente debemos defenderlo y
ayudarlo, parafraseando un poco sus atolondradas declaraciones y sus
sórdidas bromas).
Lo que no entiendo y no acepto es su manera de enfrentarla, bajo la
consoladora y enfermiza premisa de que se trata de "un mal de muchos."
